CHIHUAHUA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017

-¿Y la cuenta pública de Duarte?

-La solemne liturgia del PRI

-Maru en apoyo a los migrantes

SERDÁN.- El alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, debe de tener más cuidado con sus elementos de policía, pues ya son varios los incidentes en que se ven involucrados como presuntos responsables de actos criminales. Esto es lo que ha empañado a este municipio cercano a la capital del estado, a pesar de los esfuerzos del alcalde por dar otra imagen.

ARIEL.- Lo que sí ha desarrollado Ariel Fernández es una alta capacidad de evadir a reporteros cuando se trata de dar información que no es muy de acuerdo a su imagen. Se niega a recibir en la Presidencia Municipal, lo niegan, se esconde. Y sólo pretende con boletines dar una cara amable de lo que realmente ha estado pasando con sus policías.

ARIEL I.- En abril de este año, dio a conocer el alcalde de Aquiles Serdán que había dado de baja a 30 policías, de sus 45, como una acción de depuración de la corporación. Eso lo dijo para paliar la pésima fama de abusos policiacos, según quejas de vecinos de fraccionamientos conurbanos de Chihuahua.

ARIEL II.- Luego en mayo vuelve a ratificar el cese inmediato de sus agentes de policías, y se supone que en estos meses contrataron mejores elementos. Pero para sorpresa, apenas hace unos días, la Fiscalía detuvo a varios policías de Aquiles Serdán, entre ellos a un jefe de grupo, bajo la sospecha de ser los presuntos asesinos de dos personas y dejar herida a una tercera. Fue el sonado caso de un vehículo Uber.

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ARIEL III.- A lo único que quiso explicar el alcalde de Aquiles Serdán, a manera de justificación, era que la cuarta persona involucrada, también de la policía, era una mujer que apenas tenía un día trabajando. Eso, revela entonces, que ni siquiera hay buen esquema de selección o que la supuesta depuración de policías delincuentes fue insuficiente.

CUENTA.- Aunque hay varios casos judicializados correspondientes a la corrupción del sexenio pasado, a los expertos juristas les llama la atención el poco cuidado de las formalidades legales en la revisión de las cuentas públicas, sobre todo la correspondiente al último año de la gestión de César Duarte.

TIEMPOS.- Según los tiempos legales, que muy seguido los diputados ignoran, a partir del 30 de septiembre pasado la Comisión de Fiscalización que encabeza el panista Jorge Soto tenía dos meses, cumplidos en noviembre, para dictaminar el informe rendido sobre la revisión de la cuenta estatal del periodo enero-octubre de 2016, que seguramente no es ejemplo de una sana y correcta administración pública.

TIEMPOS I.- Pero vencido el plazo, el destino de la cuenta pública de Duarte sigue siendo un misterio, parece que no hay un avance que englobe, cuantifique y califique las irregularidades de la administración estatal y determine qué es lo procedente en las vías que corresponden, civiles, penales y administrativas.