*.- La madre de todas la peticiones

*.- no podemos imaginar siquiera que estén vivos

*.- ¿Qué sucedió después? No existen sino versiones

LOS padres de las víctimas de Iguala, a un año de distancia, piden al Gobierno lo mismo que millones de mexicanos hemos venido reclamando desde hace mucho: Que cambie el sistema de justicia por uno más confiable. Su queja, su profunda desconfianza sobre los resultados de la investigación realizada por la PGR, es la de todos. Porque somos millones los que no confiamos en esa institución justificadamente.

Impecable posición, fácil de compartir. Sorprende que no tengan la misma decisión para exigir que acciones contra los criminales que, a final de cuentas, atacaron a sus hijos. Porque lo que no puede borrarse es que los estudiantes de la Normal fueron perseguidos y violentados, amenazados, balaceados por policías municipales. También los jugadores de un equipo de futbol, otros muertos de los que nadie habla.

¿Qué sucedió después? No existen sino versiones, testimonios de los responsables que han sido detenidos, y la gana de creer en éstas. Incinerados en el basurero de Cocula, o partidos en pedacitos sus cadáveres, o desbaratados en tambos de ácido, no podemos imaginar siquiera que estén vivos. No hay organización o persona alguna que pueda haber tenido la posibilidad o el interés de mantenerlos cautivos. No existe un resquicio para pensar que están secuestrados en algún sitio del planeta. Todas las evidencias llevan hacia su asesinato.

Lo demás, los camiones, la droga que se perdía, la participación de los señores Abarca, las presuntas responsabilidades de otros criminales como han señalado varias mantas, todo lo demás son verdades fragmentadas que no han podido estructurarse de forma confiable para los familiares, y también, para los intereses a su alrededor.

El presidente Peña Nieto tiene que haber meditado mucho antes de aceptar reunirse con ellos. Y debe haberse armado de paciencia para escuchar las mismas acusaciones contra su Gobierno. Lo cierto es que, el hecho en sí mismo, ponerse cara a cara frente a ellos, es en sí mismo encomiable aunque no parece que pueda haber resultados que cambien de fondo lo que ellos piensan.

No hay, no habrá nunca más, verdades históricas. Lo que tenemos, millones de mexicanos es la certidumbre de que Guerrero era un asco. Y seguramente sigue siendo. Que la complicidad entre autoridades y criminales era la síntesis de lo que no puede permitirse en nuestro país.

Y en los análisis que se han hecho, una y otra vez, sobre esa noche no aparece el gran responsable: Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador.

La inmensa omisión de las fuerzas del orden, policías federales y militares, permitió que los policías municipales convertidos en sicarios de criminales pudiesen actuar con total impunidad. Pudieron evitar la tragedia, no lo hicieron. Amparados en reglamentaciones o en conveniente ceguera, optaron por permitir la persecución y el posterior secuestro (para matarlos) de los estudiantes.

La lentitud con la que se hizo cargo de la investigación el Gobierno federal es, también, otra omisión grave.

El Estado Mexicano no tuvo capacidad de respuesta ante la colusión de criminales y autoridades. Esto es lo que no podemos admitir que sucede.

El Gobierno de la República, con todas sus instituciones, no tiene la capacidad para responder a la primera exigencia de los familiares: Que regresen los estudiantes desaparecidos. Eso no sucederá. La petición de que haya una nueva investigación, que a su vez investigue las irregularidades de la anterior, es fácil de satisfacer. Esto no llevará a ninguna parte. ¿Quién va a investigar a quién? A un año de distancia es totalmente absurdo...

Todos los hechos están documentados de sobra, como también todas las razones, desde las militares hasta las justificaciones del gobernador Aguirre. Son paredes donde todos se pueden estrellar con sus gritos de protesta.

Lo que sí puede cambiar el presidente Peña Nieto no está en la mesa de las discusiones, tampoco en el presupuesto de este año: Cambiar, profesionalizar las policías municipales de todo el país. Depurarlas, quitar a los criminales de las instituciones de justicia. Con esto, con la voluntad política presidencial y el dinero necesario para hacerlo, podría evitarse que otra tragedia como la Ayotzinapa vuelva a ocurrir.

Lo que sí puede cambiarse por la salud de la República es que las justificadas protestas de los familiares de los estudiantes, y las organizaciones que los acompañan, no conlleven violencia y vandalismo, no afecten la movilidad de millones de ciudadanos ni la libertad de movimiento en las carreteras.

Lo que sí puede cambiarse es la corrupta politización, en todos los ámbitos, del tema de los 43 desaparecidos...