MEXICO DF. 27/08/15 (AMI-POST).- La desaparición forzada de personas sigue siendo una asignatura pendiente del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, así coincidieron funcionarios de distintos órdenes de gobierno y representantes de dichos derechos al conmemorar del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez enfatizó que una sola desaparición forzada representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba, no sólo frente a sus ciudadanos, sino ante el concierto internacional y ante las organizaciones civiles que pugnan por el respeto y vigencia de los derechos humanos.
"La existencia de un solo caso de desaparición forzada es inaceptable y debe movernos como autoridades y sociedad para llegar a la verdad y propiciar que esta práctica se elimine por completo", aseguró.
Para atender dicho problema deben establecerse medidas tales como el contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas; la profesionalización de servidores públicos; la conformación de un Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; la creación de grupos capacitados y especializados así como la creación de un Sistema Nacional de Información Genética.
Además, precisó que para la elaboración de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por Particulares se debe escuchar a los familiares de las víctimas, atendiendo sus necesidades y opiniones, así como a las de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia.
En la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el marco del foro: "Hacia una búsqueda efectiva y una investigación científica para todas las personas desaparecidas", González Pérez señaló que, además, dicha ley debe incluir en su articulado la obligación de continuar con la búsqueda de las víctimas, aun cuando se haya determinado la responsabilidad en un caso, además de la tipificación del delito por particulares y la declaración de ausencia por desaparición.
En el auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la desaparición forzada de personas es una práctica ignominiosa, contraria a la dignidad humana que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos.
"Es una práctica cruel, que agravia a la sociedad y afecta y atenta, no sólo en contra de la persona desaparecida, sino también de sus seres queridos, de sus allegados, quienes al dolor de la ausencia tienen que sumar el vivir con la incertidumbre, la angustia y la desesperación sobre el destino de quien desapareció", dijo.
Y destacó que el problema de las desapariciones forzadas no se limita a los 43 estudiantes normalistas, pero aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizadas que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que serían imputables a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos en que la desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o atribuidos a alguna otra causa.
No obstante, señaló que el Caso Iguala ha contribuido a visibilizar la existencia de otros problemas sumamente delicados, que demandan urgente atención, como los hallazgos de fosas clandestinas en algunos estados de la República.
"Cada cuerpo localizado en estas fosas debe ser registrado e identificado debidamente y las circunstancias de sus decesos investigadas y los responsables sancionados", dijo.
Armonización
A su vez, el subsecretario de Derechos Humanaos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián resaltó los esfuerzos que se han llevado a cabo en esta materia e indicó que sin duda el gobierno federal atiende y escucha las peticiones de los familiares de las víctimas.
Respecto a la creación de una ley en esta materia, dijo que ello está en una etapa avanzada y se busca armonizarla a nivel nacional, con diversos organismos de la sociedad civil por lo que consideró que están en la etapa conversatorial.
Al respecto, la senadora Angélica de la Peña de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, señaló que dicha petición de ley llega tarde porque en los últimos 9 años el problema se ha dimensionado.
Las autoridades estatales poco parece impórtales la búsqueda de desaparecidos, por lo que se recrudece la situación entre víctimas y familiares, por lo que llamó a reconstruir el tejido social dañado.
La senadora dijo que en estos momentos hay tres iniciativas de ley que se presentarán y discutirán en el Congreso de la cual habrá una general para esta materia.
