MEXICO DF. 3/7/15 (AMI-POST).- La muerte de 22 personas ocurrida el pasado 30 de junio del 2014 en el municipio mexiquense de Tlatlaya fue consecuencia de una orden militar.

En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó un informe donde cuestionó las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército mexicano.

De acuerdo con el reporte, el número de víctimas reconocidas oficialmente por las autoridades como ejeucutadas es de 8, pero peritajes e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubica entre 12 y 15 el número de ejecuciones extrajudiciales en la bodega de San Pedro Limón.

"Subsiste una discrepancia significativa en el número de víctimas reconocidas por el Estado mexicano. No es sostenible que sólamente sean 8 las personas víctimas de una ejecución", informó Santiago Aguirre del Centro Prodh.

Entre las ejecutadas estaría Erika, una joven menor de edad hija de Clara Gómez González, principal testigo que dio un giro en la investigación por declarar que no todos los muertos en Tlatlaya fueron consecuencia de un presunto enfrentamiento entre delicuentes y soldados.

Clara Gómez también estuvo presente en la conferencia de esta mañana y denunció que su vida se encuentra en peligro, pues no se han podido cumplir con las condiciones de seguridad sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Centro Prodh, que representa a la testigo, afirmó que otro de los elementos que las autoridades deben considerar es dar seguimiento a la cadena de mando militar, pues serían responsables directos todos aquellos involucrados en la planeación, coordinación y ejecución de los operativos realizados en la zona.

"Desde nuestra perspectiva la cadena de mando inicia en el ámbito territorial más inmediato, hacia los niveles más altos, con la primera región, y desde luego con el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional", señaló Aguirre.

Hasta el momento son 7 los militares en proceso por los hechos, pero, según el expediente, cuando se dio el relevo de tropas en la zona, unos días antes del enfrentamiento, una de las órdenes fue la de "abatir" delincuentes por las noches.

"Una orden de mando y relevo, de fecha 11 de junio de 2014, emitida por el 102 Batallón de Infanteria de la 22 zona militar, en la cual le instruye al teniente a cargo de la base que participó en los hechos, la serie de actividades que realizará mientras esté a cargo. En el número 7 se le ordena que las tropas deberán operar de forma masiva en la noche y reducida en el día, a fin de abatir a delincuentes en la oscuridad", explicó Aguirre.

El Centro Prodh aseguró que el concepto abatir se interpreta como una orden para la privación de la vida, mismo que está registrado en el primer radiograma que el teniente a cargo informa cuando da parte a sus superiores de lo ocurrido en Tlatlaya.

"En el mejor de los casos estaríamos ante una orden ambigua, que deja al arbitrio de la tropa la determinación sobre conductas que peuden ser graves delitos. En el peor de los casos estaríamos ante una orden que expresamente propicia violaciones graves a derechos humanos", afirmó el representante del centro de derechos humanos.