MEXICO DF. 16/04/15 (REF-POST).- Diputados dieron por concluida su indagatoria sobre la muerte de civiles en el Municipio de Tlatlaya, bajo la conclusión de que hubo un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de militares que dio como resultado la muerte de al menos 12 personas en un contexto de ejecución extrajudicial.

En un documento de conclusiones, diputados de un grupo especial de trabajo advierten que la insuficiente información que aportaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno del Estado de México impide comparar versiones y tener mejores conclusiones sobre lo acontecido.

El texto indica que la PGR y el Gobierno del Estado de México se negaron a dar algún documento sobre los hechos, mientras que la Sedena entregó documentación insuficiente.

"Esto impide al grupo de trabajo ponderar plenamente las versiones de los hechos y los argumentos que estas instituciones ha expresado verbalmente en reuniones de trabajo y que han difundido en medios de comunicación", indica.

Los legisladores hacen un llamado a las dos dependencias y al Gobierno estatal a que faciliten la rendición de cuentas al poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía, en especial de que a partir de que el caso Tlatlaya se configuran violaciones graves a los derechos humanos.

El informe advierte que ni la independencia del ámbito jurisdiccional civil y militar ni la separación de poderes ni la diferencia de facultades entre instituciones pueden ser un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio pleno de derechos humanos.

En las conclusiones, el grupo de trabajo recomienda que se convoque a un diálogo con los representantes de los tres poderes y de órganos autónomos para considerar el retiro racional, paulatino y ordenado de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

El documento fue aprobado por diputados del PRI, PAN, PRD y Morena y será remitido a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, al tiempo de que se enviará una copia a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.