CIUDAD JUAREZ 16 12/14 (CHIH-POST-DIARIO).- Un tribunal de Casación ayer confirmó parcialmente la sentencia absolutoria dictada a la ex directora del albergue ‘‘Mujeres Unidas contra la Violencia’’, Soledad Griensen Porras. Por lo que podría recobrar su libertad, ya que continúa bajo arraigo domiciliario.

Por los delitos de trata, abuso sexual agravado y lesiones, el tribunal ratificó que Griensen es inocente. Respecto al ilícito de privación de la libertad personal se asintió que es inocente en relación a cinco víctimas y se anuló la sentencia absolutoria por otras tres víctimas: Dora Bernal Juárez, Mayra Lizeth Olivas Marín y María Guadalupe Flores.

Por este delito y sólo en relación a estas personas, los magistrados ordenaron regresar el asunto a un Tribunal de Juicio Oral diverso al que dictó el fallo absolutorio, para que Soledad Griensen vuelva a ser juzgada.

El abogado de la procesada, Héctor González Mocken, consideró esta resolución judicial como un triunfo e informó que los resultados de esta casación se enviarán hoy a la administración del Tribunal de Juicio Oral y cuando se constituya la terna de jueces que deberá juzgar nuevamente a su representada solicitará la revisión de la medida cautelar impuesta a Soledad, que es el arraigo domiciliario.

El pasado 7 de octubre un Tribunal de Juicio Oral integrado por Arnulfo Arellanes Hernández, en calidad de presidente; Aida Vázquez Arreola, redactora de la sentencia y Florina Coronado Burciaga, tercer interviniente, emitió la sentencia absolutoria a Soledad Griensen, pero el Ministerio Público recurrió a la casación.

“Este colegio advirtió una serie de inconsistencias y contradicciones sustanciales que restaron credibilidad a su dicho y en consecuencia no formaron convicción para tener por cierta la acusación en contra de Griensen Porras”, dijo en esa ocasión la juez Vázquez Arreola después de que el Tribunal valoró las pruebas presentadas a partir del día 11 de agosto y hasta el 6 de octubre.

Griensen fue arrestada en 2011 acusada de los cuatro delitos antes mencionados y de acuerdo al Ministerio Público cometidos en contra las personas que tenía en su albergue “Mujeres Unidas contra la Violencia”, ubicado en las calles Delicias y Jiménez de la colonia 9 de Septiembre.

Según las acusaciones de las autoridades, aprovechaba su albergue para retener a las mujeres bajo amenaza de muerte y para prostituirlas.

En diciembre de 2013 le fue concedido un arraigo domiciliario, luego de permanecer dos años en prisión preventiva, el cual cumple en una vivienda de la calle Tejedor en la colonia Bosques de Salvárcar.