Actualmente el Ejecutivo "acusa y defiende"
CHIHUAHUA 29/08/14 (POST).- El diputado local Rogelio Loya Luna presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para la creación del Instituto de Defensoría Pública del Estado, con autonomía plena en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
"El derecho a la defensa de todo individuo, independientemente del fuero del tribunal que juzga, es un derecho que debe ser garantizado en todo momento por el Estado", indicó Loya Luna.
Argumentó el legislador panista que si bien en Chihuahua se cuenta con un organismo encargado de la defensoría pública, "la realidad es que hay mucho qué hacer en la materia, pues depende directamente del Ejecutivo del estado, lo cual es impensable, toda vez que las dos instituciones, encargadas de acusar a una persona, y la otra de defenderla, pertenecen al mismo poder político".
Aunado a esto, dijo, la realidad es que la Defensoría Pública no cuenta con un presupuesto propio y suficiente, por lo que la gran mayoría de sus abogados no se dedican de tiempo completo a su función, sino que tienen que complementar su ingreso con otras actividades.
"Lo ideal es que la defensoría pública de oficio no dependa ni del poder judicial ni del ejecutivo, sino que sea una autoridad que forme parte del Estado, entendiéndose este en un concepto general, pero con una independencia plena en su gestión y en la administración de sus recursos", dijo el Legislador local por el PAN.
Cabe señalar que la propia Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, de la que forma parte México, tiene como uno de sus fundamentos buscar "la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas".
Así mismo, este organismo internacional pretende "apoyar el fortalecimiento institucional de las defensorías públicas en equilibrio con quienes ejercen las funciones acusatorias del Estado".
Ante esta situación, Rogelio Loya propuso modificar la Constitución Política del estado para asegurar la independencia y autonomía en sus decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.
